El Ayuntamiento de Gavà ha iniciado los trámites para construir 418 viviendas públicas de alquiler asequible en el futuro barrio de Canyars Sud, junto a la carretera C-245 y a escasos metros de Castelldefels. El anuncio, formalizado ayer sábado con la firma de un protocolo entre el consistorio gavanense y el Instituto Catalán del Suelo (INCASÒL), no gusta al Ayuntamiento de Castelldefels, que estudia posibles acciones para impedir el avance del proyecto.
El acuerdo firmado por la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, establece la cesión de unas fincas de Gavà de 32.000 metros cuadrados para levantar más de 400 viviendas, enmarcadas en el Plan 50.000 de la Generalitat para promover el acceso a la vivienda asequible en el área metropolitana.
Según destacó la alcaldesa de Gavà, el desarrollo de Canyars Sud permitirá “preservar y mejorar el entorno natural” y atender “la alta demanda de vivienda asequible”, especialmente entre los jóvenes de Gavà. La alcaldesa también remarcó que el proyecto contempla nuevos equipamientos públicos, como un tercer ambulatorio, una piscina pública descubierta y mejoras en la movilidad con una nueva estación de tren y un gran aparcamiento.
Por su parte, la consellera Paneque defendió la necesidad de actuar ante la crisis de acceso a la vivienda en Cataluña: “Queremos garantizar este derecho fundamental con la construcción de vivienda asequible y otras medidas como los topes de alquiler”.
Castelldefels se opone al proyecto y estudia acciones legales
Este proyecto urbanístico no es bien recibido en Castelldefels. El teniente de alcalde, David Soler, declaró recientemente en una entrevista radiofónica que el gobierno municipal considera el proyecto de Gavà “un atentado medioambiental”.
Soler denunció que la urbanización del sector Ponent, que en conjunto contempla hasta 5.000 nuevas viviendas, supondría “cargarse gran parte de la masa forestal” en un momento de crisis climática, además de agravar los problemas de tráfico y de riesgo de inundaciones que ya sufre Castelldefels: “Nuestro municipio está rodeado de espacios naturales y parte de su territorio se encuentra bajo el nivel del mar. No podemos permitir que una urbanización masiva agrave esta situación”.
El gobierno de Castelldefels ha estado presente en las movilizaciones ciudadanas contra el Pla de Ponent y ha remitido una carta al Ayuntamiento de Gavà manifestando su oposición, aunque según Soler, la respuesta recibida no ha sido satisfactoria. El consistorio de Castelldefels mantiene abiertas “todas las vías” para frenar el proyecto, incluida la posibilidad de emprender acciones judiciales.
“Estamos estudiando todas las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance, en coordinación con nuestro equipo jurídico y el Departamento de Urbanismo. No descartamos llegar a los tribunales si es necesario”, aseguró el teniente de alcalde.
Desde el gobierno, insisten en que su prioridad es “preservar la seguridad y el respeto medioambiental del entorno” y defender los intereses de los vecinos ante un proyecto que consideran perjudicial para el equilibrio ecológico y urbanístico del municipio.
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