Agentes de los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Gavà detuvieron el día 4 de julio a dos hombres, de 45 y 52 años, como presuntos autores de los delitos de estafa y usurpación de estado civil.
La investigación se inició en enero de este año cuando los mossos de la comisaría de Castelldefels detectó que un conjunto de denunciantes manifestaban que les habían notificado el impago de créditos a su nombre que ellos no habían contratado. Concretamente, denunciaban que a su nombre y sin su consentimiento alguien había solicitado créditos de consumo de los que no se habían satisfecho varias cuotas y habían entrado en situación de morosidad.
Fruto de las pesquisas policiales, los investigadores determinaron que una empresa de instalaciones de gas de Castelldefels estaría vinculada en un entramado criminal que se aprovechaba de la concesión fraudulenta de créditos personales. La empresa obtenía de sus clientes directos, normalmente personas de edad avanzada, los datos y la documentación necesaria para contratar telemáticamente sus créditos.
La empresa instaladora conseguía datos auténticos de sus clientes, quienes los habían facilitado en algún momento al pedir un presupuesto, contratar una instalación o comprar algún producto de la tienda. Con los datos facilitados por los clientes, los estafadores pedían créditos de consumo inventándose el resto de los que debían figurar en el contrato (números de teléfono, direcciones…). Por último, para confirmar la solicitud del crédito se hacían pasar por los clientes, solicitando el ingreso del dinero de la financiación en la cuenta de la empresa.
Además, a través de una certificadora electrónica las personas investigadas también usurpaban la firma de sus víctimas/clientes para dejar constancia de que aceptaban las condiciones del contrato de préstamo mercantil. Lo hacían a través de SMS de teléfonos móviles que habían sido dados de alta por los investigados a nombre de las propias víctimas.
Dado que algunos de los datos incorporados en el contrato eran falsos, cuando se producía el impago de la deuda la entidad financiera no podía localizar al presunto deudor y la víctima entraba en situación de morosidad. En los casos en que la entidad financiera llegaba a localizar al presunto moroso, era entonces cuando éste descubría que habían utilizado sus datos de forma fraudulenta.
Los investigadores solicitaron el grupo judicial de todas las denuncias, con una treintena de víctimas hasta el momento y un grueso de 175.000 euros estafados y detuvieron a los dos administradores de la empresa de instalaciones como presuntos autores de los delitos de estafa y usurpación del estado civil.
Los detenidos pasaron a disposición judicial y el juez decretó la libertad con cargos de ambos arrestados.
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